Es uno de los retos más importantes para mitigar el cambio climático: primero hay que saber cuántos gases de efecto invernadero-GEI (especialmente C02) emiten las empresas, las industrias o cualquier tipo de organización para después poder acometer planes de reducción. Solo así, se podrán evaluar los avances, constatar la evolución de las emisiones y saber si nos acercamos o no a la meta de la Unión Europea: neutralidad climática en el año 2050 

Qué es la huella de carbono 

La huella de carbono mide la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI), expresado en C02 equivalente  (se suman todos los GEI y se expresan en esta magnitud,) que emite directa o indirectamente una actividad determinada. La definición que utilizan las Administraciones públicas y en la que se basan para legislar es: “la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto por un individuo, organización, evento o producto”.  

Lo más interesante es que gracias a la huella de carbono se puede asignar las emisiones con sus respectivos emisores, ya sea a nivel nacional (emisiones de cada país), actividad económica, tipología de las actividades, por persona/año… 

Cómo se calcula y se regula 

Si nos centramos en la huella de carbono de las organizaciones (fundamentalmente industrias y empresas) se utiliza el concepto de “alcance” para analizar y detectar su origen. Hay emisiones de alcance 1, 2 y 3. Como veremos más adelante, cada alcance tiene sus obligaciones legales. Además, las emisiones se dividen en directas e indirectas. 

Directas: emitidas directamente o controladas por la organización, en la mayoría de los casos producidas in situ; es decir, en el lugar donde se produce la actividad (por ejemplo, en una oficina, una granja o una fábrica debido a su actividad industrial, por sus sistemas de calefacción, etc.). 

Indirectas: son producto de la actividad de la organización, pero se generan fuera de ésta, concretamente en otro lugar. El ejemplo más claro es la emisión de GEI por el consumo eléctrico.  

Una vez que la organización conoce sus emisiones directas e indirectas, entra en juego la clasificación por alcance 1, 2 y 3 para detectar con precisión el origen de cada emisión. 

Alcance 1: son emisiones directas como, por ejemplo, las que genera la combustión de caldera, hornos, vehículos de la organización, etc. Son “propiedad” de la empresa y están controladas por ella. 

Alcance 2: otras emisiones indirectas generadas por la actividad de la organización, como el consumo de electricidad comprada. 

Alcance 3: emisiones indirectas generadas por la extracción, transformación y transporte de las materias primas para la fabricación de productos y los viajes de sus empleados en medios externos (no en vehículos de la empresa), entre otras. Este tipo de emisiones es el que menos puede “controlar” la organización, pues en su mayoría están en manos de los proveedores.  

Para medir las emisiones, la organización tiene que realizar un análisis detallado de su actividad y sumar todas las fuentes de emisión de GEI. Esta información que aporta la huella de carbono es muy útil para la reducción del consumo de electricidad, iluminación, climatización o transporte, lo que reduce las GEI pero también puede significar un importante ahorro económico.  

Qué tenemos que medir 

Ya desde años, cerca del 37% de las emisiones de C02 en la UE están reguladas y sujetas al Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisiones. Básicamente, se incluyen en el sistema a los “grandes emisores” de C02, como siderurgias, centrales térmicas, industria cerámica, etc. En total, son cerca de 10.000 instalaciones.  

Pero ¿qué pasa con el resto de las empresas y sectores? En 2014 España aprobó un Real Decreto que creaba el Registro de Huella de carbono, compensación y absorción. Voluntariamente, las organizaciones podían medir sus emisiones e inscribirse en este registro, lo que les permitía recibir un certificado y usar un sello oficial.  

La aprobación de la Ley de Cambio Climático española en 2021, cuyo objetivo es reducir las emisiones en un 23% para 2030 y la neutralidad climática en 20250, definió un nuevo marco regulatorio para promover la transición ecológica y la descarbonización de la economía.  

La gran novedad de la Ley es que para determinadas empresas la medición de su huella de carbono ya no es algo voluntario, sino que es obligatorio para las emisiones de alcance 1, 2 y 3.  Además, la norma les obliga también a desarrollar un plan de reducción de emisiones a partir de 2025 (con datos de 2024). Le Ley indica que las empresas afectadas son las que tienen más de 50 empleados o que facturan más de 10 millones de euros al año. Para las pymes, será obligatorio medir las emisiones de alcance 1 y 2, pero no las de alcance 3.  

Emisiones por sectores

Las emisiones globales se pueden medir de varias formas, pero la más interesante es la que nos aporta los datos por sectores. En este sentido, el transporte, con un 29%, la industria (22,%) y la generación de electricidad (10%) son los sectores más emisores.  

De ahí que la hoja de ruta de la transición energética ponga el acento es aumentar las energías renovables para producir electricidad, a la vez que se “electrifica” el parque móvil y los sistemas de calor en el sector de la edificación (calefacción en viviendas, empresas, oficinas…).  

Objetivos de reducción 

Aunque hay un compromiso global por alcanzar los objetivos del Acuerdo de París (evitar que la temperatura aumente por encima de los 2 grados durante este siglo y, en la medida de los posible dejar este aumento por debajo de 1,5 grados), lo cierto es que las emisiones mundiales crecieron un 1,1% durante 2023.  

No obstante, en la Unión Europea se redujeron en un 8%. España ha adelantado que la reducción de las emisiones nacionales el pasado año fue del 7%. También han reducido emisiones el Reino Unidos y Estados Unidos, pero siguen creciendo en la mayoría de los países emergentes o en vías de desarrollo.