El 3 de julio de 2021 entra en vigor en España la prohibición de comercializar objetos de plástico de un sólo uso, como bastoncillos de algodón, cubiertos, platos, pajitas y vasos u otros recipientes hechos de este material. La medida está regulada a través de la Ley de residuos y suelos contaminados, pendiente todavía de ser aprobada y que transpone la directiva 2019/904, del 5 de junio de 2019, con la que la Unión Europea pretende acabar con la contaminación derivada de estos artículos que terminan en la naturaleza y degradan los ecosistemas.
También como parte de la norma, el Gobierno prevé introducir un impuesto al plástico con el que reducir el uso de envases de plástico no reutilizabas. El tipo impositivo es de 0,45 euros por kilogramo de envase y recae sobre la fabricación, importación o adquisición de envases no reutilizabas. Esto significa que, al elevar los costes de producción e importación, probablemente el precio del producto final sea más elevado como consecuencia.
La guerra de Europa contra los plásticos de un solo uso está motivada por la ingente cantidad de plásticos que se vierten a la naturaleza. La cifra estimada de plástico que termina en el mar cada año está entre las 4,8 y 127 millones de toneladas, que representan un 70% de las basuras marinas.
Además de comprometer la supervivencia de la vida submarina, pues los animales a menudo se enredan en estos residuos, cuando no los ingieren y mueren, la UE argumenta que estos residuos del océano repercuten sobre la salud humana, exponiendo a las personas a productos químicos a través de la cadena alimentaria. También afectan a la economía, con un coste estimado de entre 259 y 695 millones de euros —principalmente dañando los sectores pesqueros y el turismo— según los estudios que ha llevado a cabo el Parlamento Europeo. Por otro lado, combatir este problema contribuye al mismo tiempo a la lucha contra la crisis climática, ya que “reciclar 1 millón de toneladas de plástico equivale a retirar 1 millón de automóviles de la carretera (en términos de emisiones de CO2)”, alegan desde el Europarlamento.
Por eso gravar el consumo de plásticos se ha presentado como una solución para frenar esta degradación ambiental que se ha acelerado en las últimas décadas y que amenaza con dejar en 2050 un mar más habitado por plásticos que por peces, según los cálculos de la Fundación Ellen MacArthur.
Con el nuevo impuesto se pretenden recaudar unos 724 millones de euros, si bien “esos ingresos podrían triplicarse y escalar por encima de los 2.500 millones al año si no se circunscribiera a los plásticos de uso alimentario y se extendiera a toda la fabricación e importación de cualquier tipo de plástico no reutilizable”, escribió en una tribuna Carlos Cruzado, el presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA).
